La justicia avanza lentamente en el caso contra la presidenta de la República. No ha sido posible acusarla constitucionalmente por el presunto delito de genocidio, el cual siempre fue una acusación infundada, según el primer ministro en su cuenta de X.
En 2023, la entonces fiscal general, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, acusándola de los supuestos crímenes de genocidio, homicidio y lesiones graves, derivados de los 49 fallecimientos y las numerosas víctimas heridas durante las manifestaciones en contra de su gobierno.