El lunes, se difundió una imagen de una torre de vigilancia en la Cárcel Nacional de Maracaibo, también conocida como Cárcel de Sabaneta, ubicada en Venezuela. La fotografía fue capturada por el fotógrafo Henry Chirinos de la agencia EFE.
Según un informe presentado el viernes por el Observatorio Venezolano de Prisiones OVP, la sobrepoblación de reos en las cárceles venezolanas alcanzó el 73% en 2023, con un total de 29.565 presos, a pesar de que la capacidad de reclusión es de solo 17.088 cupos. Esta capacidad se ha reducido como resultado del cierre de centros penitenciarios en los últimos años.
Desde 2017 hasta 2023, las cárceles venezolanas experimentaron un hacinamiento crítico superior al 40% de su capacidad instalada. La organización no gubernamental indicó que, en el país, hay 52 cárceles, de las cuales solo 35 estuvieron operativas en 2023. Además, el gobierno desalojó siete centros penitenciarios y trasladó a las personas privadas de libertad sin tener en cuenta el hacinamiento.
El informe de la OVP, titulado Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario, señaló que el retraso procesal ha afectado negativamente la situación jurídica de las cárceles, donde hay 10.348 penados y 19.217 procesados. El fundador y director general de la organización, Humberto Prado, expresó que no tenemos una justicia a tiempo, y justicia a destiempo no se puede llamar justicia como tal.
La ONG también señaló que el uso excesivo de la prisión preventiva ha llevado a que los calabozos policiales funcionen como cárceles paralelas, donde se han tenido que improvisar áreas en partes administrativas para alojar a los detenidos. La organización aseguró que se mantiene la negativa a considerar la restauración y acondicionamiento de los espacios desalojados o cerrados, y que se llevan a cabo traslados a centros con un alto índice de hacinamiento.
El hacinamiento se agravó en 2023 debido a las intervenciones en los centros penitenciarios, como la cárcel de Tocorón en septiembre, cuando las autoridades aseguran haber desmantelado la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua. Sin embargo, la ONG afirmó que el año 2023 evidenció aún más la falta de planificación y efectividad en las políticas y acciones del Ministerio de Servicio Penitenciario y sus diversos departamentos, sin abordar los problemas específicos de la población reclusa.
El Estado venezolano sigue sin cumplir con su obligación de proteger, de forma integral, los derechos humanos de las personas privadas de libertad, vulnerando su dignidad y desobedeciendo abiertamente las leyes venezolanas y el derecho internacional.