Corte y Consejo de la Judicatura Federal presentan postura sobre la reforma judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal CJF han presentado una propuesta de reforma al sistema de seguridad y procuración de justicia en México. Esta propuesta consta de 66 puntos distribuidos en ocho temas, con el objetivo de fortalecer a los poderes judiciales locales y a las instituciones de seguridad pública.

La iniciativa se basa en las conclusiones de los 14 Encuentros Nacionales para una Agenda de Seguridad y Justicia, organizados por el máximo tribunal del país, donde participaron diversos sectores de la sociedad. Entre las propuestas más relevantes, se encuentra la creación de una Ley Nacional de Carrera Judicial para unificar los procedimientos de elección en los poderes judiciales, garantizando el acceso a cargos mediante procesos que evalúen el perfil, conocimiento y competencias de los candidatos.

El documento Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas, aborda diversas materias, incluyendo ética y legitimidad judicial, fortalecimiento de poderes judiciales locales, diseño normativo sustantivo y procesal, seguridad pública, investigación criminal, servicios forenses y periciales, defensoría pública, atención a víctimas y ejecución penal.

En materia de seguridad pública, la propuesta destaca la necesidad de reorientar las políticas en la materia, promoviendo la desmilitarización y garantizando la participación ciudadana en su diseño. Además, se busca que todos los funcionarios cumplan con la obligación de inscribir las detenciones en el Registro Nacional de Detenciones y se plantea modernizar los Centros de Comando y Control, así como establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales.

La SCJN y el CJF también proponen el desarrollo de un sistema nacional de prevención y protección para todos los operadores de justicia, y la revisión y reforma del marco normativo e institucional de la política criminal vigente en el país. Asimismo, se busca implementar medidas efectivas para mejorar el control de armas de fuego y crear una Ley General de Servicios Forenses.

En cuanto a las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, la propuesta sugiere su eliminación en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones convencionales asumidas por México. Además, se propone ajustar la interpretación de las normas relativas a la flagrancia para evitar detenciones arbitrarias.

La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha declarado que la demolición del poder judicial no es la vía a seguir, y ha destacado la importancia de una reforma judicial que abarque todo el sistema de justicia, incluyendo fiscalías, defensorías, poderes judiciales locales, administración, disciplina, carrera judicial, capacitación y procesos de nombramiento de los titulares.