Selección de magistrados en la CDMX comenzará en 2023, concluyendo en 2027, según el Poder Judicial local.

La elección de jueces por voto popular en la Ciudad de México comenzará el año próximo para los cargos que estén vacantes, con el fin de completar el proceso en el 2027, según anunció Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial. Tras las elecciones del 2 de junio, se estableció un canal de comunicación con los poderes ejecutivo y legislativo para discutir la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Guerra señaló que, como resultado de estas pláticas, se acordó que la elección de jueces por voto popular en los estados se llevaría a cabo de manera gradual y se espera que concluya en el 2027. En la Ciudad de México, la elección de personas juzgadoras comenzará el próximo año, respetando así los derechos de las actuales magistradas y juezas.

Además, Guerra mencionó que la coordinación con los poderes ejecutivo y legislativo ha sentado las bases para un diálogo continuo, el cual asegurará que la implementación de la reforma judicial respete los derechos de los trabajadores de la Ciudad de México. El artículo décimo transitorio del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados estipula que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad.

Por otra parte, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la aprobación de la reforma al Poder Judicial en lo general y particular se llevó a cabo cuidadosamente en cada etapa, por lo que no existe el riesgo de invalidez. Monreal Ávila celebró que Morena y aliados aprobaron el proyecto con 357 votos a favor y aseguró que no hay posibilidades de que el Poder Judicial lo invalide, ya que no procede ningún recurso contra la reforma constitucional y son el poder reformador de la Constitución. El morenista aseguró que se cuidó todo el procedimiento y cada etapa del proceso, y que no hay forma de que alguien intente invalidar lo que las dos terceras partes del Congreso han expresado de manera libre.