La Unión Europea UE está exportando pesticidas prohibidos en su territorio a países en desarrollo, principalmente a América Latina, según un estudio de la Red de Acción en Plaguicidas PAN-Europa. Brasil es el principal importador de estos productos, habiendo adquirido 10.080.462 kilos en 2018, lo que representa el 36% del total de exportaciones de plaguicidas prohibidos de la UE.
Según Larissa Mies Bombardi, profesora del departamento de Geografía de la Universidad de São Paulo USP y autora de Agroquímicos y colonialismo químico 2023, el uso de agroquímicos en la UE ha disminuido un 3% en los últimos diez años, mientras que en Brasil ha aumentado un 78% en el mismo periodo. Además, el uso de pesticidas en América Latina ha aumentado un 143% en los últimos 20 años, siendo este el lugar donde más crece el uso de estos productos.
La UE fue el principal exportador de pesticidas en 2022, con un total de 714.000 toneladas exportadas, por un valor estimado de 6.600 millones de euros. De esta cantidad, 81.615 toneladas de 41 plaguicidas prohibidos se exportaron para uso agrícola en otros países.
El nuevo proyecto de ley de plaguicidas en Brasil, conocido como Ley del Veneno, ha recibido críticas por debilitar el principio de precaución que existía en la ley anterior. La nueva ley establece que si una determinada sustancia conlleva un riesgo inaceptable de cáncer, puede ser aprobada, lo que crea una enorme ventana legal y puede sentar precedentes sobre lo que puede o no considerarse aceptable.
Además, la nueva ley transfiere la competencia de los registros de plaguicidas únicamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo que pone en riesgo la aprobación de sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana.
El Gobierno Federal de Brasil ha tenido 752 reuniones con lobistas del sector de agroquímicos durante el período de tramitación y aprobación del Proyecto de Ley y de la Reforma Tributaria, según un informe publicado por Fiquem Sabendo. Estas reuniones plantean preocupaciones sobre el papel y la influencia de los lobistas en los espacios de poder público y el choque entre los intereses empresariales y la salud colectiva en la elaboración de políticas de control y reducción de agroquímicos.
El cabildeo es objeto de debate parlamentario desde hace muchos años, pero una propuesta de ley para regular las actividades de cabildeo se ha estancado en el Senado desde 2022. El politólogo Paulo Roberto Figueira Leal destaca que la propuesta prevé una serie de obligaciones, como registrar en una agenda las reuniones con funcionarios públicos e identificar claramente a quién representan los lobistas, pero ha creado descontento en parte del segmento.