Después de más de 12 horas de debate, los legisladores mexicanos aprobaron una propuesta que modificaría diversas reglas de los órganos judiciales del país. La votación inicial se llevó a cabo durante las primeras horas del 4 de septiembre, cuando los diputados mexicanos aprobaron el dictamen generalmente. Posteriormente, con 357 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención, la LXVI Legislatura aprobó específicamente la reforma judicial. La próxima parada es enviar la iniciativa al Senado de la República para su revisión, discusión y posible aprobación en comisiones y en el pleno.
La reforma judicial, que en esencia propone que todos los jueces, magistrados y ministros del país sean elegidos por voto popular, ha enfrentado una fuerte oposición de algunos miembros del Poder Judicial. Estos oponentes argumentan que perderían su independencia y que la justicia se politizaría, lo que haría que los jueces fueran más vulnerables a las presiones de grupos de poder fáctico, como el crimen organizado.
La aprobación de la iniciativa por parte de los diputados para realizar cambios significativos en el Poder Judicial mexicano no estuvo exenta de polémica. Desde el 1 de septiembre, cuando los nuevos integrantes de la Cámara Baja del país asumieron sus cargos, los opositores a esta medida, principalmente trabajadores de los órganos judiciales, presentaron amparos y se manifestaron para impedir la discusión y la aprobación de la misma. Sin embargo, el 3 de septiembre, a pesar de los bloqueos que mantuvieron fuera del Congreso de la Unión, donde se llevarían a cabo las tareas legislativas, los diputados continuaron con su agenda en un complejo deportivo en el oriente de la capital del país.
Además, el paro de labores por parte de empleados del Poder Judicial, que comenzó el 19 de agosto en oposición a la reforma en este sector, continúa y ha sumado a la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.