El árbitro encargado de juzicar el caso ha dictaminado que el Poder Legislativo no ha infringido los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En otras palabras, el Parlamento ha actuado dentro de los límites de la ley y no ha incurrido en ninguna conducta anticonstitucional.
Es importante recordar que el respeto a la separación de poderes y a las garantías constitucionales son elementos clave en un Estado de Derecho. Por lo tanto, este fallo del colegiado refuerza la idea de que las instituciones públicas deben ceñirse a los principios y valores democráticos que rigen nuestra sociedad.
En definitiva, el colegiado ha zanjado la disputa al afirmar que el Parlamento no ha vulnerado los derechos constitucionales de nadie, lo que supone un importante respaldo a la actuación de la cámara legislativa.