Gobernadores de todas las entidades exigen preservar la prisión provisional sin juicio

Los gobernantes de todas las regiones del país han presentado un escrito, llamado Amicus Curiae, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación SCJN, dirigido a la presidenta del alto tribunal, Norma Piña Hernández. En este documento, advierten sobre las consecuencias desastrosas que podrían derivarse de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

Además, solicitan a la ministra Piña Hernández mantener la supremacía de la constitución mexicana sobre cualquier norma internacional. Esto se produce en respuesta a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, que condenó al Estado mexicano por la medida cautelar en cuestión, declarándola incompatible con los derechos humanos.

Los 32 gobernadores están de acuerdo en que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa tendría un impacto devastador en la seguridad pública. Afirman que el colapso de los tribunales federales sería inevitable, ya que tendrían que analizar cada solicitud de cambio en las medidas cautelares que se han dictado como prisión preventiva oficiosa.

La restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos graves y de alto impacto social. La prisión preventiva oficiosa es una política de lucha contra el crimen que garantiza una adecuada conducción del proceso penal y el esclarecimiento de los hechos, protege a las víctimas de los delitos, asegura que el responsable no quede impune y permite la reparación de los daños causados por el delito.

Los gobernadores instan a la SCJN a considerar estos puntos, ya que la decisión tendrá un impacto directo en la seguridad y gobernabilidad del país y, por lo tanto, en las entidades federativas, de cuyos gobiernos son responsables.

La SCJN tiene previsto discutir un proyecto que propone no solo inaplicar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar las órdenes de arraigo y exigir investigaciones independientes en casos de tortura, en los que no participen las autoridades penitenciarias ni de detención. Si se aprueba la propuesta, tendrá efectos generales y deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ha presentado a sus colegas un proyecto en el que propone la forma en que el Poder Judicial de la Federación PJF debe participar en el cumplimiento de la sentencia condenatoria emitida por la Corte IDH en el caso García Rodríguez y otro contra México. Pardo Rebolledo ha dejado claro que el Estado Mexicano debe acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos, y que no se puede cuestionar su validez.