Procuradores nacionales exigen desobediencia frente veredicto Tribunal de Derechos Humanos sobre encarcelamiento sin juicio

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia CNPJ se niega a acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH que prohíbe la prisión preventiva de oficio en México Un movimiento que pone en peligro la seguridad nacional y la justicia penal en el país.

La CNPJ, integrada por los fiscales y procuradores más importantes del país, incluyendo al fiscal federal Alejandro Gertz Manero, se ha manifestado en contra de la resolución que condena al Estado Mexicano. Según la Fiscalía General de la República FGR, la CNPJ está decidida a preservar la soberanía nacional y la supremacía constitucional por encima de la sentencia de la Corte IDH.

Este polémico movimiento tendría consecuencias desastrosas para la sociedad mexicana, ya que alrededor de 60.000 personas detenidas por delitos graves como feminicidio, homicidio, secuestro y delincuencia organizada, podrían ser liberadas. Una situación que pondría en grave riesgo a las víctimas, testigos y servidores públicos involucrados en cada caso.

El pasado mes de mayo, los gobernadores de todo el país presentaron un Amicus Curiae amigo de la Corte en el que alertaron a la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre las consecuencias que traería la eliminación de la prisión automática. Los gobernadores coincidieron en que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa provocaría un grave impacto en la seguridad pública y un colapso en los tribunales federales.

La restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.

La Corte IDH ha condenado al Estado Mexicano por considerar la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar inconvencional. Sin embargo, la CNPJ y los gobernadores están decididos a mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional. Una decisión que podría tener consecuencias desastrosas para la seguridad y la justicia en México. La lucha por la supremacía constitucional está en su punto más crítico