El 19 de febrero de 2023, durante una fiesta clandestina en la localidad santacruceña de Pico Truncado, Jorge Cabero atacó a Leonel Irigoyen con un arma de fuego, luego de una disputa entre las respectivas parejas de ambos. Cabero accionó el arma en tres ocasiones, impactando en el brazo, la rodilla y el pecho de Irigoyen, quien falleció a causa de las heridas sufridas.
La novia de Cabero, Dahiana Gutiérrez, desempeñó un papel fundamental en el trágico suceso, ya que fue quien instó a su pareja a utilizar el arma durante la pelea. Como resultado, tanto Cabero como Gutiérrez fueron condenados por la justicia, con penas de 26 y 12 años de prisión, respectivamente.
El lamentable incidente tuvo lugar frente a una vivienda de las calles Mosconi y Fructuoso Rivera, donde se organizaban fiestas después del cierre de una discoteca local. El dueño de la casa no contaba con la autorización municipal correspondiente, lo que contribuyó al carácter ilegal del evento.
Tras cometer el crimen, Cabero y Gutiérrez no solo no auxiliaron a la víctima sino que intentaron huir hacia Chile, acompañados por dos familiares. Sin embargo, la policía los detuvo en Los Antiguos al día siguiente. La justicia desestimó sus argumentos de huir por temor a las represalias y concluyó que su objetivo era evadir las consecuencias penales del asesinato.
La falta de asistencia a la víctima y la decisión de huir agravaron la situación de la pareja, quienes fueron juzgados por los jueces Mario Albarrán, Juan Pablo Olivera y Griselda Bard. Cabero fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que Gutiérrez fue considerada partícipe secundaria del crimen. La fiscalía, representada por Carlos Rearte, solicitó y obtuvo la misma pena para ambos acusados.
La trágica muerte de Leonel Irigoyen, de 22 años, dejó a sus padres en un profundo dolor durante el transcurso del juicio. La justicia dictaminó condenas apropiadas para los responsables de este lamentable suceso, poniendo de relieve la importancia de la responsabilidad individual y la justicia en casos de violencia armada.