La decisión del Departamento de Estado de los EEUU de mantener las sanciones económicas a la empresa tabacalera paraguaya Tabesa Tabacalera del Este ha elevado la tensión entre el Gobierno del presidente Santiago Peña y la embajada estadounidense en Asunción. La sanción se debe al vínculo de la empresa con el expresidente paraguayo Horacio Cartes, quien fue considerado un agente significativamente corrupto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC en enero de 2023.
Aunque Cartes ya no tiene participación en la empresa, el Gobierno de los EEUU acusa a Tabesa de haber pagado millones de dólares al exmandatario paraguayo. La noticia ha causado malestar en el Gobierno de Peña, quien ha solicitado a Washington adelantar la salida del embajador Marc Ostfield.
La sanción a Cartes se enmarca en la Ley Magnitsky, una ley de seguridad nacional de los EEUU para proteger sus intereses económicos, políticos y de seguridad. Esta ley afecta a no estadounidenses que incurren en el sistema financiero de los EEUU sin respetar sus normas de seguridad.
La aplicación de sanciones en Paraguay es notablemente diferente a la de otros países de la región sudamericana. De hecho, es el único caso en el Cono Sur, excluyendo el particular de Venezuela, donde EEUU actúa como un vigilante de la corrupción interna y un guardián activo contra actividades terroristas en el territorio.
A pesar del episodio, el Gobierno de Peña no dejará de tener a Washington como uno de los principales aliados de su gestión. La agenda de política exterior de Peña está muy ligada a EEUU, por lo que probablemente intente desescalar el conflicto mientras esa sea una opción posible. Mientras tanto, la estrategia será buscar otras alianzas a nivel internacional que puedan contrabalancear el peso que representa Estados Unidos en la política paraguaya.