Fuerzas del orden desmantelan red de trata de personas de origen indio y boliviano.

La Policía Nacional, en cooperación con EUROPOL y Homeland Security Investigations, ha desmantelado un grupo delictivo internacional con sede principal en España e Italia. Este grupo se dedicaba presuntamente a la inmigración ilegal y a la falsificación de documentos. Se han llevado a cabo 77 detenciones en diversas provincias españolas, incluyendo Barcelona, Madrid, Vizcaya, Murcia, Málaga, Granada, Valencia, Islas Baleares, Cantabria, Zaragoza, Bilbao, y se ha ingresado a los seis líderes en prisión.

Más de 200 agentes han participado en el operativo, realizando más de 10 registros en domicilios y agencias de viaje, y incautando más de 500.000 euros en efectivo. La organización, activa desde 2022, estaba asentada en España e Italia, y contaba con cómplices en Libia, Bolivia y México.

La investigación comenzó al detectar un aumento significativo en la inmigración ilegal de ciudadanos indios, utilizando España como país de tránsito hacia México y con destino final en Estados Unidos o Canadá. La organización operaba con dos ramificaciones independientes pero relacionadas, una dedicada a la inmigración ilegal de ciudadanos indios y la otra a la de bolivianos.

La rama india captaba a los ciudadanos en su país de origen, trasladándolos en avión a Bahréin, Egipto y finalmente Libia, donde eran embarcados en pateras hacia Italia. Posteriormente, eran llevados a Turín, y de allí a Zaragoza o Barcelona utilizando pasaportes falsos o de terceras personas. En España, las agencias de viaje de los cabecillas facilitaban el resto del viaje hasta México, donde eran entregados a las mafias locales.

La rama boliviana contaba con una estructura piramidal y una red de colaboradores en dos niveles, pasadores y personal de logística. Los migrantes viajaban desde Bolivia hasta Turquía o Egipto, donde recibían pasaportes españoles de ciudadanos bolivianos cooperantes. Luego, viajaban a Madrid o Barcelona haciéndose pasar por sus titulares, todo ello a cambio de cantidades entre 8.000 y 10.000 euros.

La investigación sigue abierta y la colaboración de la Oficina Central de Operativa Documental Punto Atenas ha sido clave en su éxito. Esta oficina actúa como centro de consultas rápidas para la Policía Nacional en relación a documentos sospechosos de falsificación.