Paraguay se ha convertido en un destino atractivo para la criptominería en América Latina, gracias a sus bajos costos de energía eléctrica y regulaciones laxas. El país alberga a unas 55 empresas dedicadas a esta actividad, con una inversión estimada en 1.500 millones de dólares. Sin embargo, este crecimiento no está exento de polémicas.
La criptominería se abastece de la energía generada en las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yaciretá, que Paraguay comparte con Brasil y Argentina, respectivamente. Un incremento en el consumo de energía deja con menos excedente energético para ser vendido a precios mejores a los países vecinos.
El ingeniero y exlegislador paraguayo Ricardo Canese criticó el subsidio que la ANDE Administración Nacional de Electricidad y el Gobierno de Santiago Peña le están entregando a la criptominería. Según Canese, si la ANDE cobrara a las empresas de criptominería lo que corresponde de acuerdo a su ley orgánica, el precio debería ascender a cerca de los 75 dólares por megavatio hora.
Canese también cuestionó la política de subsidiar a empresas que no generan empleo ni usan bienes de capital fabricados en Paraguay. Agregó que el funcionamiento de estas empresas no sería problemático, siempre y cuando pagaran el precio de mercado.
La multiplicación de este tipo de emprendimientos puede comprometer la capacidad de autoabastecimiento de Paraguay en el futuro, obligando al país a comenzar a importar electricidad desde Argentina y Brasil. La ANDE anunció un aumento de entre el 9% y 16% en las tarifas de electricidad para la criptominería, con vigencia desde el 1 de agosto, lo que podría motivar a empresas de sector a abandonar el país.
El presidente Peña justificó el aumento por el acuerdo alcanzado con Brasil por los precios de Itaipú. Sin embargo, Canese advirtió que es probable que cualquiera de estas compañías acabe recurriendo a la Justicia o a tribunales internacionales para evitar el incremento tarifario.