Bajo el titular CIDH advierte a Venezuela: lucha contra la impunidad debe ser real y seria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ha acogido con satisfacción los anuncios del Estado venezolano sobre la instalación de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el regreso de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la CIDH ha subrayado que esta apertura debe ir acompañada de un compromiso auténtico y firme en la lucha contra la impunidad.
La CIDH ha declarado en un comunicado de prensa que la eficacia de estos esfuerzos requiere la reconstrucción de la separación e independencia de los poderes públicos por parte del Estado. Además, la CIDH ha mostrado su preocupación por los ataques a las libertades de expresión y de prensa en Venezuela, y ha concedido medidas cautelares de protección al abogado Joel García.
La Comisión ha recordado que, según un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos OEA, en una muestra de 183 casos de conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, sólo se han llevado a cabo 12 juicios, lo que representa el 6%. En el 52,5% de estos casos, el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.
La CIDH ha señalado que el principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela reside en la cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo. La Comisión y otros organismos internacionales han denunciado en repetidas ocasiones el nombramiento irregular de las personas magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público, así como las presiones para decidir casos o cerrar expedientes, la alta provisionalidad de jueces y la falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, la admisión de medios de prueba bajo coacción, el cambio recurrente de personas fiscales, y la falta de control judicial y trasparencia sobre sus actuaciones.
La Comisión ha reafirmado que la impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales. La CIDH ha insistido en que un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos.
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