Hace dos años, el desmantelamiento de una organización narcocriminal vinculada a la temible banda de Los Monos parecía un triunfo importante. No obstante, lejos de marcar el fin de las actividades delictivas en Rosario, solo reveló una intrincada tela de araña de favores y complicidades que trascienden las paredes de las cárceles.
En las últimas horas, la Gendarmería, actuando en virtud de una investigación de la Justicia Federal, allanó 21 inmuebles en Rosario, Corrientes, Misiones y la provincia de Buenos Aires, dando como resultado la detención de 15 individuos, entre ellos un agente de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, acusado de filtrar información a bandas narco ligadas a Guille Cantero.
El expediente iniciado en 2022 destapó una estrategia orquestada por Leandro Pollo Vinardi, un criminal conocido que, a pesar de estar encarcelado en Ezeiza por el asesinato de un narco en Santa Fe, seguía manejando sus negocios ilícitos en la región. Vinardi utilizaba a Guillermo Chupa Sosa, un barrabrava de Newells, para mantener su influencia en el narcotráfico después de su encarcelamiento. Sin embargo, Sosa también fue detenido por un crimen.
Tras una exhaustiva investigación y el secuestro de teléfonos móviles de varios reclusos, la Justicia desentrañó una compleja red que llegaba a diferentes esferas del poder y funcionarios judiciales. Detrás de una supuesta organización criminal local, se encontraba una red de influencia que involucraba a ex policías, un agente de inteligencia y un fiscal provincial.
La red estaba encabezada por Juan José Raffo, un expolicía y prófugo de la justicia que cumplió condena por asociación ilícita en la megacausa Los Monos. Raffo, según las acusaciones, no solo asesoraba a Sosa desde las sombras, sino que también proporcionaba protección y financiamiento a grupos delictivos, incluida la compra y venta de cocaína.
La investigación federal, liderada por la Procuraduría de Narcocriminalidad Procunar, sacó a la luz una serie de conexiones aún más siniestras. Uno de los nombres clave en esta red era el de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, quien supuestamente proporcionaba información privilegiada a Raffo sobre las investigaciones en curso y mantenía vínculos con el fiscal provincial Mariano Ríos Artacho.
Este último, recientemente suspendido por la Legislatura, se vio envuelto en una polémica después de que se descubriera su relación con Raffo y el presunto encubrimiento de actividades ilícitas. A pesar de sus intentos de defensa, enfrentó una suspensión de 60 días.
La detención del agente de la AFI fue el resultado de una investigación llevada a cabo por las autoridades federales. Después de meses de seguimiento, vigilancia y recopilación de pruebas, se logró reunir suficiente evidencia para llegar a su arresto. El operativo se llevó a cabo de manera coordinada entre agentes a nivel nacional, la PDI de Santa Fe, y fiscales federales, quienes actuaron bajo la autorización del Juzgado Federal N° 4.