Bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos DOJ ha intensificado su guerra contra la privacidad financiera y la libertad. La última víctima de esta cruzada ha sido el arresto y acusación de dos desarrolladores principales de Samourai Wallet, la billetera de Bitcoin más avanzada en términos de privacidad.
El DOJ ha acusado a los desarrolladores de lavado de dinero y delitos de transmisión de dinero, argumentando que no registraron su software en la Red de Cumplimiento de Crímenes Financieros FinCEN. Sin embargo, la guía FIN-2019-G001 de FinCEN establece inequívocamente que los proveedores de herramientas no están involucrados en la transmisión de dinero. Además, las herramientas de Samourai Wallet son no custodias, lo que significa que los usuarios en ningún momento renuncian al control sobre sus fondos.
El objetivo real de estas acciones no es combatir el crimen, sino drenar la liquidez de las herramientas criptográficas que permiten a las personas escapar del sistema financiero tradicional. Esto queda demostrado en la aprobación de los fondos cotizados en bolsa ETF de bitcoin a principios de este año. Los ETF son instrumentos custodiados y regulados que permiten a unos pocos poderosos traer la mayor cantidad posible de bitcoin bajo su custodia y el escrutinio del estado.
La aprobación de los ETF de bitcoin y el arresto de los desarrolladores de Samourai Wallet están destinados a drenar la liquidez del bitcoin en manos privadas y atrapar a las personas en el sistema fiat-KYC. Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que las acciones del DOJ están creando un efecto desalentador en el ecosistema de las criptomonedas.
Sparrow Wallet, Wasabi Wallet y Phoenix Wallet han eliminado o bloqueado el uso de sus servicios de coinjoin para los residentes y ciudadanos estadounidenses. Incluso los mineros y las billeteras auto alojadas pueden ser vistos como transmisores de dinero bajo la interpretación arbitraria de la ley por parte de las autoridades estadounidenses.
Esta no es una cuestión de combatir el crimen, sino una cuestión de control y vigilancia. El gobierno de EE. UU. está utilizando el miedo y la intimidación para obligar a los ciudadanos a utilizar herramientas fiduciarias tradicionales que empoderan a intermediarios regulados y desincentivan la auto custodia y las prácticas de privacidad.
Desde una perspectiva histórica, el comportamiento errático del gobierno de EE. UU. no debería sorprender: cuando la economía está plagada de deudas insoportables y las guerras se propagan como fuego, las autoridades tienden a endurecer los controles financieros. Estados Unidos no es una excepción. En las mentes distorsionadas de los tiranos, a nadie se le debe permitir preservar su riqueza saliendo del sistema financiero e institucional establecido: el barco debe hundirse con todos a bordo.