En Venezuela, las suspensiones políticas se multiplican sin cesar: un récord alarmante

En Venezuela, el número de políticos prohibidos de ejercer cargos públicos no deja de crecer, con la reciente decisión de la Contraloría General de imponer esta sanción a cinco opositores. Una medida que el chavismo defiende a capa y espada, exigiendo acciones penales, pero que el abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, considera un ataque a la democracia.

Apitz afirma que la Contraloría General está sobrepasando sus competencias al sancionar a dirigentes con inhabilitaciones, a pesar de que el artículo 105 de la ley que rige las competencias de este organismo lo permite durante un máximo de 15 años. El abogado argumenta que este artículo ha existido desde hace años, pero nunca se había utilizado por la sospecha de que sea inconstitucional, ya que inhabilitar políticamente a un ciudadano equivale a arrebatarle sus derechos políticos.

La Constitución establece en su artículo 65 que aquellos que hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten al patrimonio público no podrán optar a cargos públicos. Sin embargo, la Contraloría General ha inhabilitado a cinco opositores recientemente, entre ellos dos alcaldes, por un período de 15 años, y a otro antichavista por 12 meses, sin hacer públicas las resoluciones que expliquen los motivos de estas inhabilitaciones.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha apoyado esta acción y ha pedido una acción penal de acompañamiento para estos antichavistas a los que acusa de delitos de corrupción. El fiscal general, Tarek William Saab, ha relacionado a uno de los inhabilitados, Carlos Ocariz, con una conspiración política en el caso Pdvsa-Cripto.

Apitz reitera que las inhabilitaciones políticas deben ser el resultado de una sentencia de un tribunal que condena a un funcionario por manejos irregulares de fondos públicos. El abogado considera que la mayoría de los inhabilitados son antichavistas y que las razones políticas llevan a inhabilitar para sacar del medio a estas personas.

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