Bajo el título Las elecciones en EEUU y Venezuela, un antes y después en la crisis migratoria venezolana, el Centro de Justicia y Paz Cepaz y la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Redac han publicado un informe que arroja luz sobre el futuro de la diáspora venezolana.
La investigadora de Cepaz, Nicole Hernández, afirma que las elecciones en Estados Unidos y Venezuela se presentan como una oportunidad de cambio o agudización de la oleada migratoria venezolana. El estudio, realizado junto a la organización Delphos, revela que el 66% de los encuestados se quedarían en Venezuela en caso de un cambio político, pero el 80% aceleraría su salida si no se produce.
La crisis humanitaria no es el único factor que impulsa la migración venezolana. El miedo a la persecución política y la falta de oportunidades económicas también juegan un papel crucial. El informe destaca un cambio en el flujo migratorio, con un aumento de venezolanos optando por rutas irregulares hacia EEUU, pese a los múltiples desafíos que esto conlleva.
Entre octubre de 2023 y marzo de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU ha registrado a 169.627 venezolanos en la frontera con México. La migración venezolana a Latinoamérica ha disminuido, mientras que la población venezolana en EEUU ha aumentado en un 600% entre 2000 y 2021, según el Pew Research Center.
Las rutas irregulares hacia EEUU están plagadas de riesgos y desafíos, incluyendo violencia y extorsión, tráfico de personas y explotación sexual, falta de acceso a servicios básicos, detenciones arbitrarias y deportaciones sin garantías legales, xenofobia y discriminación, y falta de respuesta adecuada.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur ha instado a los gobiernos a considerar a los migrantes venezolanos como refugiados, pero, desafortunadamente, esto no siempre se cumple. Las organizaciones de la sociedad civil ayudan a la población migrante venezolana, pero no es suficiente para hacer frente al creciente flujo migratorio.
El informe concluye con una llamada a la acción: se necesitan políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de los migrantes y refugiados, se debe fortalecer la cooperación regional y combatir el tráfico de personas y las redes criminales que se aprovechan de la migración irregular. No podemos seguir ignorando esta crisis humanitaria