México argumenta a la CIDH justificación de su nueva reforma legal

El gobierno mexicano defendió las modificaciones constitucionales al Poder Judicial durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH el martes 12 de noviembre en Washington. José Antonio Montero Solano, director general de consulta y estudios constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, encabezó la discusión sobre las preguntas relacionadas con la reforma aprobada en septiembre pasado.

Montero Solano aseguró que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del poder judicial y que la elección de personas juzgadoras se realizará de manera transparente e inclusiva. Además, dijo que se tomarán medidas para evitar la intervención del crimen en los procesos electorales.

Sin embargo, jueces, magistrados, ministros y activistas presentes en la audiencia expresaron su preocupación por la reforma. Carmen López, jueza de distrito, declaró que los diálogos fueron una simulación y que se les negó el acceso a las personas juzgadoras. Mariclear Acosta, del Colectivo La Justicia que Queremos, argumentó que la reforma reemplaza el mérito por la popularidad y amenaza la imparcialidad.

Fabián Sánchez Matus, representante de jueces de distrito, se mostró en contra de la reforma y dijo que no se está defendiendo a los jueces y juezas. Por su parte, Jose Antonio Montero Solano, representante del gobierno mexicano, aclaró que la reforma ya es vigente y que no se puede someter a control jurisdiccional una reforma constitucional.

Andrea Pochak, relatora para México de la CIDH, expresó su preocupación por la reforma y dijo que hay riesgos de mayor deslegitimidad del sistema judicial y de pérdida de confianza. La CIDH está abierta a escuchar y facilitar instancias de diálogo, dijo Pochak.

La embajadora y representante de México, Luz Elena Baños Rivas, dijo que la reforma en materia de Poder Judicial ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en la democracia mexicana. Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF Jufed, manifestó que desde hace seis años han enfrentado ataques sistemáticos del Estado y del partido oficial.

Las principales preocupaciones en torno a esta reforma son: destitución masiva de personas juzgadoras, cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular, creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y regresividad de derechos laborales. La juzgadora federal subrayó que la reforma justifica una purga masiva de juzgadores bajo un argumento de corrupción generalizada que no ha sido respaldada ni por pruebas ni denuncias.

En resumen, el gobierno mexicano defendió las modificaciones constitucionales al Poder Judicial durante una audiencia pública en la CIDH, pero jueces, magistrados, ministros y activistas presentes expresaron su preocupación por la reforma. La CIDH está abierta a escuchar y facilitar instancias de diálogo sobre el tema.,