A mediados de agosto, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal contra el exfiscal Manuel Guerra, quien había sido designado como persecutor en la etapa final del Caso Penta. Esta decisión se produce en medio del escándalo del Caso Audio, donde se descubrieron conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, mientras se investigaba el financiamiento ilegal de la política.
Una de las conversaciones, fechada en 2016, revela que Guerra y Hermosilla planeaban contactar a Andrés Chadwick para encontrar una solución al Caso Penta. Es importante recordar que el paso de Guerra por la investigación de Penta estuvo marcado por polémicas, como la eliminación de los delitos de soborno para los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, y la recalificación del delito de cohecho contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner. Esta decisión de Guerra fue objetada por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, pero no fue considerada por el fiscal regional oriente.
En una conversación posterior, fechada el 16 de enero de 2018, se menciona la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Hermosilla sugiere que Guerra debe estar preparado para la batalla comunicacional que se avecina y asegura que sería injusto que los renunciantes escriban la historia. Guerra responde con indiferencia y sugiere que la renuncia de los fiscales les dará una mala reputación.
En los días siguientes, Guerra planeaba usar el bono de renuncia de los fiscales a su favor y desacreditarlos públicamente. Guerra y Hermosilla también discuten sobre cómo desacreditar a los renunciantes y exponer sus resultados inflados.
En resumen, estas conversaciones sugieren una estrategia de desacreditación y desinformación por parte de Guerra y Hermosilla en relación con el Caso Penta y las renuncias de los fiscales. Es importante destacar que estas acciones pueden dañar la confianza pública en el sistema de justicia y socavar la integridad de la investigación.,