La preocupación crece en Colombia y Argentina por posibles restricciones a la libertad de expresión digital. En Colombia, se discute el proyecto de ley 023 de 2023, que crearía la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, dependiente de la Presidencia de la República. Algunos temen que esta entidad pueda ser utilizada para restringir la libertad de expresión, especialmente dado que el proyecto otorga facultades para ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio en caso de ataques que afecten la soberanía nacional y la economía.
El representante a la Cámara José Jaime Uzcátegui, del partido Centro Democrático, ha sido uno de los más críticos con el proyecto, señalando que podría vulnerar la libertad de expresión. Por su parte, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, ha asegurado que el gobierno no tiene intención de interferir o cerrar las redes sociales, sino de atender temas de ciberseguridad.
En Argentina, la Legislatura de Misiones aprobó el 26 de septiembre la creación de una Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, que recibirá amplias facultades, incluyendo la posibilidad de incautar dispositivos electrónicos sin necesidad de autorización judicial en casos de calumnias, injurias e incitación a la violencia cometidas a través de medios electrónicos. Esta medida ha sido duramente criticada por opositores que consideran que atenta contra la libertad de expresión y pone en riesgo la seguridad ciudadana.
Estos proyectos legislativos se enmarcan en un contexto regional preocupante, con precedentes en Brasil y Venezuela, donde ya se han cerrado redes sociales. En Brasil, un juez ordenó la suspensión inmediata del acceso a una red social, mientras que en Venezuela, el gobierno bloqueó varias plataformas consideradas opositoras. Estos hechos han generado temores en Colombia y Argentina de que, bajo el amparo de las nuevas regulaciones, se puedan restringir las libertades civiles y atentar contra la libertad de expresión en la región.,