Hace cuatro años y nueve meses, en noviembre de 2019, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez perpetró la masacre de Senkata en El Alto, Bolivia, donde 10 personas perdieron la vida y 40 resultaron heridas. Después de esperar casi cinco años, las víctimas y sus familias finalmente vieron el inicio de las audiencias en la Casa de la Justicia de El Alto, donde se acusa a Áñez y otros 16 exfuncionarios de genocidio.
La expresidenta Áñez, quien cumple su condena en el penal para mujeres del barrio paceño de Miraflores, asistió a la audiencia en línea. Otros acusados, como el exministro de Defensa Julio López y Arturo Murillo, se encuentran prófugos en Paraguay y Estados Unidos, respectivamente.
El decreto 4078, firmado por Áñez y su gabinete, permitió a policías y militares usar la fuerza contra la población sin temor a ser procesados penalmente, lo que resultó en la muerte de 30 personas en Senkata y Sacaba. Las víctimas y sus familias lamentan la falta de apoyo y el costo médico que han tenido que asumir.
El juicio, que originalmente estaba programado para el 1 de septiembre, se pospuso debido a diversos asuntos legales y la falta de representantes legales. Aunque los sobrevivientes han logrado recuperarse físicamente, siguen enfrentando problemas psicológicos y dificultades para realizar actividades cotidianas.
David Inca, representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto, ha estado acompañando a las víctimas y sus familias desde 2019. Esperan una sentencia ejemplar en Bolivia y a nivel internacional, y permanecerán vigilantes hasta que se logre justicia. El procurador del Estado, César Siles, declaró que esperan una sentencia a finales de noviembre o a más tardar en diciembre.