Un aproximado de 300 miembros de la comunidad rarámuri del seccional de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, han sido desplazados a la fuerza. De acuerdo con una denuncia pública, grupos criminales activos en la zona obligaron a estas personas a abandonar sus hogares.
La denuncia fue presentada por habitantes de las comunidades de Cinco Llagas, El Cajoncito, El Pie de la Cuesta, Las Casas, los Placeres, El Silverio, y La Trampa. Los afectados informaron que han sido blanco de ataques armados, recibido amenazas y, en algunos casos, expulsados de sus viviendas.
Las organizaciones Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes Red TDT, estuvieron presentes durante la denuncia colectiva.
En respuesta a la situación, las autoridades estatales y federales han implementado un operativo de refuerzo de seguridad en la pista de aterrizaje y en la localidad de Cinco Llagas, Sección de San Juan Nepomuceno. La diputada local Leticia Ortega ha solicitado mayores esfuerzos para garantizar la seguridad de las familias, mujeres y niños que se han visto afectados por este desplazamiento forzado, el cual ocurrió luego del asesinato de un líder criminal en la región.
El sacerdote Pedro Urzua, quien trabaja en la Sierra Tarahumara, ha señalado que la violencia en la zona ha persistido desde 2011 y que aún hay presencia de grupos armados. No estamos bien, expresó.
En noticias relacionadas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH transparentar las omisiones en un operativo de rescate de menores migrantes en Chihuahua desde 2021.
Por otro lado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha reiterado su disposición a trabajar con los alcaldes electos en la entidad.
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