La inmigración ilegal en España está en camino de alcanzar cifras récord, con un aumento del 66,2% en las entradas irregulares en comparación con el mismo período del año pasado. Hasta el 15 de agosto, se habían registrado 31.155 entradas ilegales, lo que ya es casi igual al total de 2022. La región de Canarias es la más afectada, recibiendo el 71,59% del flujo migratorio total, lo que supera con creces sus capacidades de asistencia y acogida. Esto ha llevado a la habilitación de carpas en los puertos y a una sobrecarga en los centros de internamiento, especialmente en los que albergan a menores no acompañados, cuya inclusión social se perfila como un desafío.
El especialista Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR-Canarias, subraya la necesidad de vías legales y seguras para los refugiados y solicitantes de asilo, en lugar de arriesgar sus vidas en el mar. Además, critica el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, argumentando que socava los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
El historiador y periodista José Miguel Villarroya señala que la solución real al problema de la inmigración debe abordarse en el origen, impidiendo la explotación de los países de origen por parte de las grandes multinacionales y abordando las causas profundas de la migración forzada, como la guerra civil y el hambre en Malí.
El Banco Central Europeo ha sugerido que una mayor inmigración económica es necesaria para hacer frente al envejecimiento de la población y proteger la economía europea. Sin embargo, Villarroya argumenta que estas políticas de inmigración no solo explotan a los inmigrantes, sino que también devalúan el mercado laboral y socavan los derechos laborales en los países de destino.