Tras la reunión de la Comisión de Salud Pública del 21 de agosto, se han perfilado las medidas para contener la propagación del virus en España. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria internacional debido al riesgo de diseminación de una nueva variante del virus.
El Ministerio de Sanidad, junto con las autoridades de las comunidades autónomas, han acordado centrarse en la vigilancia epidemiológica y la organización de una campaña de vacunación estratégica para grupos de riesgo. Estos grupos incluyen a personas con prácticas sexuales de riesgo y a aquellos con exposición ocupacional al virus, como personal de laboratorio y limpiadores de lugares donde se han realizado dichas prácticas.
En cuanto a los viajeros, aún se están definiendo los grupos específicos que recibirán la vacuna en función de su destino y características personales. La Comisión de Salud Pública ha subrayado la necesidad de trabajar en origen para donar dosis de vacunas a los países afectados, priorizando este esfuerzo como principal tarea para controlar la emergencia.
España cuenta con suficientes dosis de vacunas para llevar a cabo esta tarea, y también están disponibles las que figuran en la reserva estratégica. La oposición política, encabezada por el Partido Popular, ha cuestionado la eficacia de las medidas del Gobierno, solicitando la comparecencia de la ministra de Sanidad.
Desde agosto de 2022, España ha notificado más de 8.000 casos de la enfermedad, una de las tasas más altas de la Unión Europea. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad se mantiene tranquilo y se guía por la evidencia científica y las recomendaciones internacionales.