Dos propietarios agrícolas mallorquines arrestados por aprovecharse y legalizar a trabajadores marroquíes

En Mallorca, la Policía Nacional ha arrestado a dos hombres de negocios del ámbito agrícola, ambos de nacionalidad española, quienes supuestamente exigían dinero a trabajadores temporales marroquíes a cambio de su contratación y regularización en España, lo que resultaba en su explotación laboral.

La extensa investigación, que se prolongó por más de tres meses, reveló el aprovechamiento del entramado empresarial y la distribución de los ingresos entre los dos empresarios y otro individuo encargado de reclutar a los trabajadores en su país de origen, según un comunicado de la Policía.

En un principio, los empresarios solicitaban a los trabajadores entre 15.000 y 22.000 euros por un contrato de trabajo que les permitiera ingresar a España legalmente. No obstante, esta no era la única forma en que los tres involucrados obtenían considerables beneficios, ya que también cobraban entre 6.000 y 8.000 euros por contratos laborales que ayudaban a los extranjeros a regularizar su situación en España. Se estima que un total de 26 personas regularizaron su situación en España a través de esta empresa.

Debido a la deuda contraída y la necesidad de mantener su contrato para no perder su situación legal y estatus de residencia regular en España, los extranjeros se veían obligados a aceptar condiciones laborales abusivas y contrarias a los convenios laborales.

Tras finalizar la investigación, los agentes procedieron a la detención de los dos empresarios como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. El grupo de investigación de la UCRIF continúa con la investigación, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y aplicación de la ley para prevenir la explotación laboral y el tráfico de personas en España. Los trabajadores migrantes merecen ser tratados con respeto y dignidad, y no deben ser objeto de abusos y explotación. La Policía Nacional debe continuar su lucha contra estos delitos y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.