Autoridades implicadas en supuesto terrorismo de Estado contra grupos rebeldes en la década de 1970, según jueza federal.

Una jueza federal ha sentenciado que el gobierno federal llevó a cabo actos de terrorismo de Estado en contra de grupos guerrilleros durante la década de 1970, en el contexto de la llamada guerra sucia. La magistrada, Karla María Macías Lovera, Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, determinó que los entonces fiscales de la Procuraduría General de la República PGR actuaron con negligencia y ocultaron pruebas que habrían permitido procesar a los posibles responsables, entre ellos el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

En el expediente de la investigación previa, se encuentran documentos que acreditan no solo la comisión del delito de terrorismo, sino también la estructura y cadenas de mando del aparato de poder supuestamente involucrado en las atrocidades. Sin embargo, los fiscales han sido omisos en el ejercicio de la acción penal, garantizando la impunidad de los presuntos perpetradores.

La resolución de la jueza Macías Lovera tiene como consecuencia directa el amparo otorgado a Tita Radilla, hija del activista Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido desde el 25 de agosto de 1974. La sentencia, que consta de 667 fojas, ordena a la Fiscalía General de la República FGR investigar el paradero de Radilla y actuar contra los ex fiscales de la PGR que tuvieron a su cargo el asunto.

Además, la jueza ha instruido a la FGR a crear espacios para la memoria en diversas bases del Ejército que presuntamente fueron utilizadas para atacar a los guerrilleros, así como en las bases aéreas donde se llevaron a cabo los llamados vuelos de la muerte. La dilación en la investigación, que ya lleva más de dos décadas, ha tenido consecuencias irreparables, incluyendo la muerte de numerosas personas identificadas como posibles autores materiales o cómplices de los delitos.

La jueza Macías Lovera también ha subrayado la omisión del Ministerio Público Federal en la clasificación adecuada de los hechos delictivos, el ejercicio de la acción penal, la investigación seria y profesional, y la búsqueda diligente de la víctima desaparecida. La sentencia también ordena a la FGR que no se cometan medidas de repetición, como la instalación de sitios de memoria y el retiro de símbolos conmemorativos que honren o enaltezcan a quienes integraron el aparato de poder público que perpetró el terrorismo de Estado.

La resolución también incluye la colocación de una placa conmemorativa en la Universidad Aeronáutica en Querétaro, así como la reclasificación del delito como terrorismo de Estado y el ejercicio de acción penal por ese delito. JLMR