El gobierno se ha manifestado a favor de establecer una sentencia mínima obligatoria de una década para los individuos encontrados culpables de orquestar el tráfico ilegal de personas. Además, aquellos condenados por el delito de tráfico de menores se enfrentarían a una pena de cadena perpetua. Esta medida busca disuadir y sancionar enérgicamente estos actos reprobables que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas más vulnerables. Es importante recordar que detrás de las cifras y los titulares, hay seres humanos que merecen ser tratados con respeto y protegidos por las leyes de nuestra sociedad.