El pasado 19 de agosto de 2024, a las 00:00 horas GMT, los miembros administrativos de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en México, conocida como Jufed, cesaron sus actividades. Esta medida inicialmente afectó a cinco entidades del país, incluyendo la Ciudad de México. Dos días después, jueces y magistrados se unieron a las protestas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuaron funcionando.
La suspensión de labores se debe a la inconformidad con una propuesta de reforma al Poder Judicial mexicano, la cual será discutida el 26 de agosto en la Cámara de Diputados. Aunque hubo protestas previas en la historia de México, esta es la primera huelga indefinida en el siglo XXI en este sector.
La reforma al Poder Judicial mexicano ha sido un tema recurrente durante la administración del actual presidente, quien desea eliminar privilegios y corrupción en este ámbito. La propuesta incluye una nueva integración de la Corte, elección popular de ministros, magistrados y jueces, un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración judiciales independientes, y nuevas reglas procesales.
El salario de los ministros de la SCJN sería reducido para que gane menos que el presidente, lo que ha causado controversia. El mandatario ha asegurado que la reforma no perjudicará a los trabajadores, sino que eliminará privilegios, especialmente en el caso de jueces, magistrados y ministros de la Corte.
La suspensión de actividades afecta a la ciudadanía, ya que sus trámites no serán atendidos, excepto los urgentes. La presión de los capitales y las reacciones negativas del mercado bursátil podrían afectar la llegada de inversiones al país.
Expertos sugieren que el Gobierno debe explicar los detalles de la reforma a los trabajadores para alentar el levantamiento del paro o, en caso contrario, endurecer su postura y establecer una fecha límite para finalizar la suspensión de actividades. Otra opción sería suspender temporalmente la discusión y aprobación de la reforma.
La reforma al Poder Judicial mexicano sigue siendo un tema pendiente y controvertido, el cual requiere diálogo y consenso entre las partes involucradas para evitar una crisis política.