Un magistrado con sede en el penal de Northern Reclusory pospuso para el 27 de agosto la audiencia en la que se decidirá el futuro legal del empresario Carlos Ahumada Kurtz. La Fiscalía General de Justicia de la capital acusa a Ahumada Kurtz de tener una sentencia pendiente de un año, 10 meses y 23 días por el delito de fraude genérico.
El juez de ejecución de sanciones, Rubén Godínez Cerón, emitió un comunicado donde se menciona que la dirección general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México nombró nuevos representantes legales. La audiencia está programada para las 12:00 horas del martes próximo, donde se analizarán los alegatos de la Fiscalía y de la defensa del empresario, con el fin de resolver la prescripción de la sentencia en su contra.
Enrique Ostos, abogado de Carlos Ahumada, declaró a MILENIO que el empresario debe presentarse ante el juez para resolver su situación legal y evitar una sanción. Ahumada se presentará personalmente para cumplir con la orden del juez y evitar cualquier sanción adicional.
El pasado 30 de julio, un juez federal concedió una suspensión definitiva al empresario, lo que significa que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía capitalina no pueden aprehenderlo, detenerlo o obligarlo a comparecer. Esta medida frena cualquier orden de reaprehensión o captura en su contra, la cual prevalecerá hasta que se resuelva el amparo que promovió.
Carlos Ahumada regresó a México el 16 de julio después de ser extraditado desde Argentina. La fiscalía capitalina lo acusa de adeudar un año, 10 meses y 23 días de prisión, así como una reparación del daño de casi 30 millones de pesos por la sentencia condenatoria que recibió por el delito de fraude genérico.
El fraude genérico se refiere a un delito en el que una persona engaña o induce a error a otra con el fin de obtener un beneficio económico. Este delito se castiga con penas de prisión que varían según la gravedad del fraude y el monto del daño causado. En el caso de Carlos Ahumada, la fiscalía capitalina lo acusa de haber cometido un fraude genérico por un monto de casi 30 millones de pesos.