La Cámara Oral de Río Gallegos impuso sentencias de 7 y 12 años de prisión a un hombre y una mujer, de 33 años al momento de los hechos, por haber infligido torturas a sus tres hijos, dos varones y una niña de entre 10 y 13 años. Los castigos incluían golpizas, encierro y la obligación de comer excrementos y vómito. David F. y Roxana V. fueron encontrados culpables de lesiones graves agravadas por amenazas, alevosía y malos tratos.
La condena fue anunciada este martes, siguiendo los alegatos de la semana pasada donde la fiscal Verónica Zuvic ratificó la acusación de lesiones graves calificadas por ensañamiento y alevosía, amenazas y reducción a la servidumbre, solicitando 20 años de prisión para ambos acusados.
Los hechos juzgados tuvieron lugar en los primeros meses de 2021, en un departamento del centro de la capital de Santa Cruz, en el contexto de las medidas de aislamiento por la pandemia de Covid-19. El caso salió a la luz en julio del mismo año, cuando los dos varones, de 13 y 10 años, huyeron por una ventana del baño y acudieron a la Unidad Penitenciaria N° 15, ubicada cerca de su hogar, para denunciar los maltratos. Los niños contaron a la policía que eran torturados, forzados a comer heces y vómito, golpeados con un tubo y encerrados todo el día.
La rotura de una tableta desencadenó su huida, ya que temían ser castigados más severamente. Las pruebas contra los acusados incluyeron testimonios de peritos, familiares y testigos que confirmaron los hechos y recordaron conmovidos las torturas sufridas por los menores.
La defensa intentó desacreditar el testimonio de los niños, argumentando que podrían haberse confundido o haber sido influenciados por alguien más. David F. negó haber golpeado a los niños, afirmando que solo se daban cintazos entre ellos. Roxana V. se mantuvo en silencio durante todo el juicio.
En diciembre de 2021, la jueza Marcela Quintana ordenó la detención de la pareja después de que las cámaras Gesell con los menores y los exámenes médicos revelaran lesiones compatibles con torturas. Gracias a la rotura de la tableta y al miedo a morir, los niños pudieron escapar y recibir ayuda.
Antes de vivir con su padre y su pareja, los tres hermanos habían abandonado el hogar de su madre biológica debido a los maltratos de su padrastro. La cuarentena y el cierre de las escuelas, espacios clave en la detección de vulneraciones de derechos infantiles, agravaron la situación de los niños.