El juez José Gabriel Ramírez Montaño ha determinado que Juan Vera Carrizal, el acusado del ataque con ácido contra la activista mexicanana Elena Ríos, permanecerá en prisión. Esta decisión anula la boleta de libertad previamente emitida y es consecuencia de las denuncias de corrupción y falta de imparcialidad en el proceso judicial que enfrentó Ríos durante casi cinco años.
El ataque con ácido ocurrió el 9 de septiembre de 2019, y Ríos afirma que fue orquestado por Vera, quien en ese entonces era un ex diputado priista y empresario en Oaxaca. Este ataque no solo causó graves heridas físicas y emocionales a Ríos, sino que también la impulsó a convertirse en una activista en la lucha contra la violencia de género en México.
Después de enterarse de que el juez José Ramiro Martínez había dictaminado una resolución a favor de la liberación de Vera, Ríos publicó un video en las redes sociales expresando su indignación y frustración. En el video, Ríos declaró que la decisión del juez era un ataque no solo contra ella, sino también contra todas las personas que lucharon por justicia a su lado. Además, denunció que su familia había sido objeto de una campaña de intimidación y revictimización por parte de Vera y sus aliados.
Ríos hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y a la Secretaría de Educación Pública para que tomen medidas contra el juez Ramírez Montaño, a quien acusó de corrupción. La presión ejercida por los grupos de la sociedad civil y por Ríos resultó en la intervención de una nueva jueza, quien emitió una resolución contraria a la del juez Ramírez, bloqueando así la liberación de Vera.
Ríos también utilizó este mensaje para pedir atención al mecanismo de protección federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando medidas concretas para garantizar su seguridad y la de otras víctimas. Su lucha, que comenzó como una búsqueda personal de justicia, se ha convertido en un símbolo de resistencia para muchas mujeres en México.
La determinación de Ríos de continuar luchando por una sentencia condenatoria contra Juan Antonio Vera refleja su convicción de que la justicia es un derecho que debe ser garantizado para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia en el país.