La audiencia celebrada el sábado 10 de agosto resultó en el cambio de la prisión preventiva impuesta al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, por otras cinco medidas cautelares. La Fiscalía General de la República FGR informó que no tenía bienes inmuebles en Quintana Roo, pero la jueza consideró insuficiente este dato y el informe administrativo sobre el riesgo procesal.
Entre las nuevas medidas cautelares se encuentran el uso de un brazalete electrónico, resguardo domiciliario en Puebla con vigilancia permanente, suspensión condicional del proceso, prohibición de salir de Puebla y del país, exhibición de garantía económica por cien mil pesos y prohibición de acercarse a la periodista Lydia Cacho.
La empresa que proporcionará el brazalete electrónico ya ha sido seleccionada y la autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso con sede en Puebla será la encargada de supervisar las medidas cautelares.
La FGR solicitó una prórroga para seguir investigando si hay causas penales pendientes en contra de Marín, y hasta la noche del martes, seguía preso en el Altiplano.
En 2023, Marín promovió un amparo en contra de la resolución que negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva, y la juez de la causa debió emitir una nueva resolución analizando la subsistencia de la medida de prisión preventiva.
Si bien la FGR puede promover un recurso de revisión, la nueva resolución debe ser inmediata, ya que se trata de una medida restrictiva de la libertad.