Usurpó identidad de un tercero durante más de una década, impidiéndole a la víctima votar y casarse. DNI falsificado.

En una reciente audiencia en Salta, un individuo recibió una condena de tres años de prisión condicional por falsificar el DNI de un tercero y utilizarlo como propio durante más de una década. Esta acción impidió que la víctima se casara y ejerciera su derecho al voto.

La investigación comenzó en 2012, cuando un residente de Tartagal se presentó a votar por primera vez y descubrió que alguien más estaba utilizando su número de documento. A pesar de presentar una denuncia, la situación no se resolvió hasta 2016, cuando la víctima se enteró de que tenía multas de tránsito impagas y no podía casarse, ya que los registros mostraban a otra persona con los mismos datos pero con aspecto físico diferente.

Después de cuatro años sin progress en el caso, la causa había sido archivada, por lo que el afectado acudió a la Sede Descentralizada de Tartagal, que remitió la investigación a la Unidad Fiscal de Salta, dado que el sospechoso vivía en el barrio San Alfonso. Tras una serie de medidas preliminares, el fiscal general Carlos Martín Amad solicitó la detención del sospechoso y el allanamiento de su domicilio.

El sospechoso, identificado como Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza, se negó a declarar, pero se pudo comprobar su participación en el delito. La fiscalía determinó que efectivamente dos personas estaban utilizando el mismo número de DNI: el propio afectado, con domicilio en Tartagal, y el acusado, con residencia en Salta, quien había realizado trámites en 2013 y 2016 respectivamente.

El juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, procesó a Canaza sin prisión preventiva a fines de 2023 y elevó el caso a juicio oral. Las partes acordaron llevar a cabo un juicio abreviado, que fue homologado por el juez Díaz y Arias Canaza fue sentenciado a tres años de prisión condicional.

Este caso pone de manifiesto la importancia de proteger nuestra identidad y la necesidad de una rápida y efectiva acción por parte de las autoridades en casos de robo de identidad.