El titular del Instituto Nacional de Migración INM, Francisco Garduño, asistirá a una audiencia judicial en Ciudad Juárez, Chihuahua, el próximo lunes, con el fin de buscar una solución alternativa dentro del proceso legal en curso relacionado con el incendio en una estación migratoria que causó la muerte de 40 personas y dejó 42 sobrevivientes. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil que representan a las víctimas han acusado a Garduño de intentar detener las investigaciones en su contra con esta medida.
La solución alterna en cuestión es la Suspensión Condicional del Procedimiento, establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual tiene como objetivo poner fin a la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal.
Recientemente, sobrevivientes del incendio en la estación del INM en Ciudad Juárez han hablado por primera vez, expresando su dolor y exigiendo justicia. Un total de 74 organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos han emitido un posicionamiento público en el que instan a las autoridades a no permitir la impunidad y a garantizar un juicio justo para las víctimas.
La Fiscalía General de la República FGR está actualmente investigando los hechos, pero se ha criticado el hecho de que Garduño no sea investigado por homicidio o lesiones, sino solo por ejercicio ilícito del servicio público. El 30 de abril de 2023, Garduño fue vinculado a proceso por este delito.
En septiembre de 2023, Garduño solicitó una solución alterna por primera vez, en la que se ofreció a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble a cambio de detener la investigación en su contra. Ahora, está solicitando una audiencia por segunda vez para discutir la posibilidad de obtener una suspensión condicional, a pesar de que existe una suspensión definitiva de todos los procesos penales del caso otorgada por un Juzgado de Distrito.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes consideran que, dado que las investigaciones no han concluido, no está claro hasta qué punto llega la responsabilidad de Garduño. Por lo tanto, instan al juez a negar la solución alterna.
Es importante recordar que las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes están representando legalmente a las familias de los afectados por el incendio en la estación migratoria, y han hecho llamados a diferentes instituciones públicas para exigir justicia y no permitir la impunidad de la que goza Garduño y el INM.
Después de 16 meses del incidente en Ciudad Juárez, las personas procesadas son principalmente mandos medios y bajos, así como dos migrantes que permanecen detenidos acusados de homicidio y lesiones, mientras que Antonio Molina, ex coordinador de Control y Verificación Migratoria, se encuentra actualmente prófugo.