Imagen de legisladores del grupo de Milei con antiguos represores perjudica al Ejecutivo.

La polémica se ha desatado en Argentina después de que seis diputados nacionales del partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, posaran para una fotografía con condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar 1976-1983. La imagen, que muestra a los legisladores junto a represores como Adolfo Donda, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason, ha generado un gran repudio en el Parlamento y ha llevado a pedir la expulsión de los implicados.

Los seis diputados visitaron el penal de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran detenidos los represores. Entre ellos se encontraban Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos, incluidas las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha sido una de las voces más críticas contra la visita, pidiendo a los diputados que exijan información sobre los desaparecidos a los detenidos. El exministro del Interior Eduardo de Pedro, hijo de desaparecidos por la dictadura, ha acusado al Gobierno de simpatizar con los genocidas.

La visita a los represores se enmarca en una retórica impulsada por el presidente Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, hija y nieta de militares. Villarruel ha calificado el terrorismo de Estado como meros excesos perpetrados por el régimen de facto.

La fotografía ha tenido un gran impacto negativo en la sociedad argentina, según el analista político Santiago Giorgetta. Aunque el Gobierno ha expresado su rechazo a la visita, Giorgetta cree que hubo un aval desde la primera línea del Poder Ejecutivo.

Los diputados opositores han exigido la inmediata expulsión de los legisladores del Congreso, aunque el Parlamento se ha limitado a una expresión de repudio a la visita. La situación es especialmente delicada en un contexto en el que el Gobierno insiste en que los responsables de delitos de lesa humanidad puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, una propuesta rechazada por la oposición y los organismos de derechos humanos.