Este viernes marca el sexto mes de la detención de Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, por parte de agentes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. San Miguel fue arrestada en el aeropuerto de Maiquetía mientras se disponía a salir de Venezuela con su hija. La activista se encuentra actualmente en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, acusada de supuestos delitos relacionados con terrorismo y traición a la patria.
Desde su detención, San Miguel no ha podido nombrar a sus abogados de confianza, lo que ha llevado a la organización Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, a exigir su liberación inmediata y sin restricciones. La defensora de derechos humanos sigue en El Helicoide, un lugar tristemente célebre por ser utilizado como centro de torturas, donde tampoco le han permitido su derecho a la defensa cuando ha sido presentada a tribunales con una defensa pública impuesta, vulnerando el debido proceso.
La detención de San Miguel se produjo después de que el fiscal general, Tarek William Saab, expusiera mapas y computadoras confiscadas durante un allanamiento en su vivienda como pruebas de su relación con una presunta conspiración. Saab mostró fragmentos de una orden de operación confiscada a un militar detenido, en los que aparece mencionada explícitamente San Miguel. Las acusaciones en su contra incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
La situación de San Miguel es un claro ejemplo de la represión y violación de los derechos humanos que se vive en Venezuela. El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar informando sobre estas situaciones incómodas que el gobierno de Maduro no quiere que se conozcan. Apoya a El Nacional para seguir trabajando por un periodismo libre de censuras.