Investigan a legislador de Misiones por supuesta explotación sexual de menores: descubrimientos clave en registro domiciliario.

El diputado de Misiones, Germán Kiczka, se encuentra bajo investigación por supuesta tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil. La Policía allanó su domicilio y encontró videos explícitos en su computadora. A pesar de los elementos incriminatorios, Kiczka no ha sido detenido debido a sus fueros parlamentarios.

La investigación comenzó en febrero, cuando la Justicia Federal llevó a cabo un operativo en el hogar de los familiares de Kiczka en Apóstoles, sospechosos de formar parte de una red internacional de pedofilia. Su padre y hermano fueron acusados de compartir imágenes de abuso sexual infantil y fueron procesados en un juicio abreviado.

Como resultado de esta investigación, se abrió una causa paralela en el fuero provincial, que fue remitida a la Justicia Federal por cuestiones de competencia. La Justicia Federal sospechaba que Kiczka también podría estar involucrado en el delito, lo que llevó a una investigación por parte de la Unidad de Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos SAIC de la provincia de Misiones.

Con pruebas suficientes, el Juzgado de Instrucción penal N°4 de Apóstoles, a cargo de Miguel Farías, ordenó un allanamiento en la casa de Kiczka en Misiones. Durante el operativo, la Policía confiscó dos teléfonos celulares y una computadora portátil. Al analizar los dispositivos, las autoridades encontraron archivos con material pedófilo, zoofilia e incesto, así como revistas, juguetes sexuales y otros elementos comprometedores.

A pesar de las pruebas en su contra, Kiczka no puede ser detenido debido a su condición de diputado provincial. Sin embargo, el juez podría solicitar a la Legislatura que le retiren los fueros, lo que permitiría su citación, procesamiento y eventual detención.

El juez Miguel Farías ya ha informado a la Cámara de Diputados provincial sobre los graves hechos que se imputan a Kiczka. El diputado seguirá siendo investigado por publicaciones, reproducciones y distribución de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas.

Es importante destacar que el caso de Kiczka no es un incidente aislado. La Policía Federal allanó el domicilio de su padre y hermano en febrero como parte de una investigación internacional sobre una red de distribución y comercialización de material sexual infantil. Los organismos detectaron a usuarios en Argentina que compartían material de abuso sexual infantil en redes P2P, lo que llevó a múltiples allanamientos en diferentes provincias del país.

El tráfico de explotación sexual infantil es un delito globalmente en crecimiento y extremadamente difícil de detectar. La Policía utiliza software autorizado por convenios internacionales para monitorear redes de intercambio de archivos peer-to-peer P2P. Al compartir archivos, los usuarios revelan sus direcciones IP, las cuales son rastreadas y registradas por las fuerzas de seguridad. Los dispositivos confiscados son analizados por expertos en informática forense, buscando archivos almacenados, borrados e historial de navegación. Según el Código Penal Ley 27436, la producción, distribución y posesión de material pornográfico infantil conlleva penas de prisión que van desde tres a seis años.