Combustible ilegal se centraliza en 15 localidades de Puebla; Tepeaca registra mayor incidencia de gas LP ilegal.

La práctica ilegal de robo de combustible, conocida como huachicoleo, sigue siendo un problema persistente en el estado de Puebla, a pesar de los esfuerzos coordinados de los tres niveles de gobierno para combatirla. Durante el primer semestre de 2024, 15 municipios de Puebla han reportado casos de robo de hidrocarburo o gas licuado de petróleo LP.

Según el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal Igavim, se han detectado tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo y gas LP cada 45 minutos y 39 segundos, respectivamente. El municipio de Tepeaca, que aspira a ser declarado Pueblo Mágico en 2025, ha encabezado la lista nacional de robos de gas LP, con un total de 116 tomas ilegales.

Otros municipios de la región conocida como el Triángulo Rojo también han sido incluidos en la lista negra por el robo de gas LP, incluyendo San Matías Tlalancaleca, Tlahuapan, Los Reyes de Juárez, Acajete, Amozoc y San Salvador El Verde. Además, los municipios de Acatzingo y San Martín Texmelucan también han reportado casos de huachicoleo.

El huachicoleo no solo afecta a Puebla, sino que también es un problema en otros estados como Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Jalisco e Hidalgo. En total, se han contabilizado 571 casos de robo de gas LP en 44 municipios de estos estados.

Por otro lado, el municipio de Huauchinango se encuentra en el sexto lugar a nivel nacional en tomas clandestinas de ductos de petrolíferos, con un total de 217 casos en el primer semestre de 2024. Este municipio, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, ha sido reconocido como Pueblo Mágico desde 2015, pero parte de su territorio es atravesado por el ducto Tuxpan-Azcapotzalco.

En resumen, el huachicoleo sigue siendo un problema grave en Puebla y en otros estados de México, a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatirlo. Es necesario tomar medidas más efectivas para prevenir y sancionar esta práctica ilegal, que no solo afecta a la economía y seguridad nacional, sino también al medio ambiente y a la calidad de vida de las comunidades afectadas.