El opositor venezolano Edmundo González Urrutia desoyó este miércoles una convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia TSJ, al considerar que la comparecencia no se ajusta a ningún proceso legal establecido en la legislación venezolana y que su libertad podría verse en peligro. González, quien representa a la líder inhabilitada María Corina Machado, fue convocado por el TSJ junto con otros candidatos presidenciales y dirigentes políticos, con el fin de avanzar en un procedimiento que adelanta la corte para validar los resultados de las elecciones, las cuales han estado marcadas por indicios claros de fraude.
En un comunicado, González argumentó que la Sala Electoral no tiene la autoridad para usurpar funciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral CNE y certificar resultados que aún no han sido generados de acuerdo con la Constitución. El trámite adelantado por la Sala Electoral, tal como ha sido anunciado por los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del TSJ y otra ley sobre la jurisdicción electoral, dijo en un comunicado publicado.
González también advirtió que si acudía a la Sala Electoral en esas condiciones estaría en una situación de vulnerabilidad extrema por falta de defensa y violación del debido proceso, lo que pondría en riesgo no solo su libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano. La audiencia en el TSJ se llevó a cabo sin la presencia de González Urrutia, y una silla vacía con su nombre fue exhibida en la televisión estatal.
Tres de sus aliados, sin embargo, sí estuvieron presentes: el gobernador del estado de Zulia y representante del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales; José Luis Cartaya, del partido Mesa de la Unidad Democrática; y Simón Calzadilla, del Movimiento por Venezuela MPV. Estos reclamaron a las autoridades la publicación de las actas electorales y el respeto a la expresión popular de los venezolanos.
Es importante destacar que el desacato a la citación no tendría consecuencias jurídicas para el opositor, debido a que lo que introdujo Maduro fue un recurso contencioso electoral, de naturaleza administrativa. Además, el procedimiento fue iniciado por el presidente de la República, no en su condición de candidato, sino por el Procurador General de la República. Sin embargo, la Sala Constitucional en un estado de inconstitucionalidad ha hablado de un ilícito constitucional y, en base a eso, ha enviado a la cárcel a alcaldes en el pasado. No se sabe si se atreverán a hacer lo mismo con González Urrutia.
Mientras tanto, las detenciones de opositores y de aquellos que se manifiestan en contra del régimen de Maduro siguen aumentando. Según las cifras del oficialismo, ya son 2.229 los detenidos desde que comenzaron las protestas contra la reelección cuestionada de Maduro. La captura más destacada en las últimas horas fue la de María Oropeza, coordinadora del comando de campaña de Machado en el estado Portuguesa, quien difundió en Instagram el momento en que funcionarios la golpearon y forzaron la puerta para ingresar a su vivienda sin una orden de allanamiento.
La fiscalía también anunció una investigación por conspiración y otros delitos contra la página web donde la oposición asegura tener publicado el 83,5 % de las actas de las presidenciales del 28 de julio. Según un comunicado difundido por el fiscal general, Tarek William Saab, se trata de documentos forjados con los que la oposición pretende usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral CNE.
En las últimas horas, la presión internacional contra Maduro también se ha intensificado. El presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró que no tiene dudas de que el gobierno de Venezuela ha intentado cometer un fraude durante las elecciones presidenciales y reiteró que Chile no reconoce el triunfo autoproclamado del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El gobierno de Argentina, por su parte, reconoció a Edmundo González como ganador indiscutido de las elecciones.
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