La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN ha ordenado a los tribunales colegiados del país que detengan temporalmente el procesamiento de todos los amparos que están pendientes de resolución y que tengan como tema central la validez de la prisión preventiva. Esta medida se ha tomado para evitar que se emitan sentencias contradictorias con el criterio que establecerá el máximo tribunal de justicia del país en relación a la prisión preventiva y las convenciones internacionales sobre el tema.
La ministra Lenia Batres Guadarrama ha elogiado esta decisión, ya que brindará seguridad jurídica a aquellas personas que tienen procesos pendientes sobre prisión preventiva. La SCJN cuenta con dos proyectos de sentencia elaborados por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, los cuales proponen declarar inconstitucional la prisión preventiva de oficio, también conocida como prisión automática.
Ortiz Mena ha propuesto anular el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, que ordena la prisión preventiva oficiosa en casi 20 delitos. Si se logran reunir seis votos en la SCJN, se podrá inaplicar esta porción normativa, lo que solo beneficiará al quejoso. Sin embargo, para que se establezca un criterio que deba ser seguido por los tribunales del país, se necesitarán ocho votos.
Por otro lado, el proyecto de Pardo Rebolledo no solo propone inaplicar la prisión automática, sino también negar las órdenes de arraigo y exigir una investigación independiente en casos de tortura, en los que no participen las autoridades penitenciarias ni de detención. Si esta propuesta es aprobada, tendrá efectos generales y deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
Además, el proyecto de Pardo Rebolledo también aborda la forma en que el Poder Judicial de la Federación PJF debe participar en el cumplimiento de la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH en el caso García Rodríguez y otro contra México. Pardo Rebolledo ha dejado claro que el Estado Mexicano debe acatar y reconocer la totalidad de la sentencia de la Corte IDH, ya que para el país dichas sentencias constituyen cosa juzgada.
Mientras tanto, fiscales de todo el país han pedido no acatar la sentencia de la Corte IDH que declara inconstitucional la prisión automática. Por otro lado, en Tamaulipas, la Comisión de Derechos Humanos ha solicitado que la prisión preventiva no se aplique a feminicidas y violadores. Qué escándalo No creen ustedes, amables lectores La justicia en nuestro país está más revuelta que un avispero