Albricias de los gremios policiales por la amnistía a agentes, pero rechazan equiparación con los responsables del 1-O

MADRID, 2 de Julio. PULSO DE NOTICIAS - La justicia española ha dado un paso significativo hacia la absolución de 46 agentes de la Policía Nacional, acusados por su participación en las cargas durante el controvertido referéndum de independencia de Cataluña en octubre de 2017. El Juzgado de Barcelona ha decidido aplicar la Ley de Amnistía, lo que ha sido descrito como un acto de justicia para aquellos que defendieron la Constitución y el mandato judicial por los sindicatos policiales.

Sin embargo, estos sindicatos han rechazado cualquier intento de equiparar a los agentes con los promotores del intento de secesión catalana, insistiendo en que las fuerzas del orden simplemente estaban cumpliendo con su deber. Los hechos investigados, según el juez, no fueron lo suficientemente graves como para excluir a los agentes de la aplicación de la Ley de Amnistía, ya que las acciones investigadas fueron de corta duración y no se prolongaron más allá de la propia operación policial.

JUPOL, uno de los sindicatos implicados, ha mostrado su comprensión hacia los agentes que han solicitado acogerse a la Ley de Amnistía, aunque mantienen su rechazo fundamental a la misma. Denuncian que los policías desplazados a Cataluña por el 1-O fueron objeto de una campaña de acoso y difamación por parte de los sectores independentistas, que los convirtieron en chivos expiatorios de la violencia que ellos mismos generaron.

Por su parte, CEP ha calificado la decisión judicial como un acto de justicia, pero no por la Ley de Amnistía en sí, sino porque todas y cada una de las actuaciones de los agentes tenían como objetivo la defensa de la Constitución Española y el cumplimiento de órdenes y mandatos de jueces y fiscales. Desde CEP, además, han pedido al Ministerio del Interior que ponga freno inmediato a las reiteradas cesiones competenciales que se vienen produciendo en el ámbito policial a favor de la Generalitat.

El SUP ha criticado el uso político que se hace con los servidores públicos injustamente sometidos a un calvario judicial, insistiendo en que los agentes solo estaban cumpliendo con su deber de proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos. El sindicato considera que el juez, al aplicar la amnistía, reconoce la proporcionalidad y el buen hacer con los que actuaron los agentes durante el referéndum del 1-O.