Ante la inminente derrota en las elecciones presidenciales, el régimen de Maduro ha intensificado sus medidas represivas, desplegando a la Fuerza Armada Bolivariana FANB en centros de votación para el simulacro electoral. La orden de actualizar los planes de seguridad Guaicaipuro y Zamora, junto con sus subsistemas, tiene como objetivo intimidar a la sociedad y evitar que el descontento por las acciones del Consejo Nacional Electoral se propague, especialmente en el Distrito Capital y las capitales estatales.
Los planes de seguridad, detallados en radiogramas internos y documentos confidenciales, incluyen la represión a cargo de las REDI y ZODI, con las unidades que se utilizarán especificadas. Sin embargo, los militares están conscientes de que una represión masiva podría formar parte del expediente de crímenes de lesa humanidad investigado por la Corte Penal Internacional.
El plan Guaicaipuro, con alcance nacional, y el plan Zamora, ejecutable en la región capital, están acompañados de otros planes para mantener el orden interno en Caracas, el orden público en el Distrito Capital, y el mantenimiento de servicios públicos y seguridad ciudadana. Cada plan tiene nombres de oficiales responsables, y el Distrito Capital recae en la Zodi-81.
El despliegue de las unidades castrenses está previsto para el Día D y Hora H, y se activarán en respuesta a supuestas amenazas al orden interno, como alteración del orden, cierre de vías, y riesgo para instituciones del Poder Nacional y la estabilidad del gobierno nacional y la democracia.
La tensión se siente incluso dentro de la FANB, y el régimen ha intensificado la presión sobre los oficiales y tropas, obligándolos a asistir a mítines y enviar fotos a los comandantes y al Ministerio de la Defensa para asegurar el cumplimiento de las órdenes.
El historiador Elías Pino Iturrieta advirtió que la difusión de discursos de odio por los medios de comunicación del gobierno tiene como objetivo justificar la represión masiva y el fraude en las elecciones presidenciales. El comisario retirado Zonny Paruta coincide en que el régimen ha utilizado consistentemente la intimidación para manipular la situación electoral y crear un ambiente de miedo para prevenir protestas en caso de fraude electoral.
El artículo 68 de la Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica, y cualquier intento de restringir este derecho será enfrentado por las instituciones policiales y militares, como el Cicpc, que deben garantizar la seguridad y el orden durante el proceso electoral.
La reacción militar del chavismo no es nueva, pero la situación es significativa ya que en 2017 había la certeza de que perderían las elecciones presidenciales y, por ende, el poder a partir de 2025. La FANB había activado previamente los planes Guaicaipuro y Zamora en respuesta a supuestas desestabilizaciones del sistema político.
En resumen, el régimen de Maduro ha intensificado sus medidas represivas desplegando a la FANB en centros de votación y preparándose para una represión masiva en caso de fraude electoral. Sin embargo, la sociedad venezolana y las instituciones policiales y militares están dispuestas a defender sus derechos y garantizar la seguridad y el orden durante el proceso electoral.