En Salta, 9 gendarmes arrestados por supuesta complicidad en tráfico ilegal de cereales a Bolivia

Escándalo en Gendarmería Nacional de Argentina Un total de once miembros de la fuerza, entre ellos nueve detenidos, fueron acusados de recibir sobornos a cambio de permitir el contrabando de granos hacia Bolivia. La trama de corrupción fue desmantelada gracias a una investigación liderada por la Unidad Fiscal Salta, que destapó una red de gendarmes cómplices de al menos tres civiles.

El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, validó la detención de los gendarmes y les imputó cargos por cohecho pasivo y tentativa de contrabando de exportación. Además, otros dos gendarmes no detenidos también fueron acusados en el marco de la investigación.

Los once gendarmes implicados pertenecen a los escuadrones 54 de Aguaray y 61 de Salvador Mazza. Entre los detenidos se encuentran José Ramón Miranda, Fabián Jorge Amarilla, Edgar Juliano Maciel, Néstor Emanuel Di Ángelo, Ramón Eduardo Acosta, Alejandro Abel Lezcano, Simón Sebastián Soto, Carlos Nahuel Gélvez, Melina Leiva, Juan Adrián Sandoval y Lucas Darío Acuña.

La investigación comenzó en noviembre de 2022, luego de una denuncia presentada por el jefe del Escuadrón 54, quien alertó sobre actividades sospechosas relacionadas con el contrabando de granos. La fiscalía formalizó cargos contra tres civiles el 9 de octubre de 2023, acusándolos de contrabando de mercadería en concurso real con cohecho activo.

Según la fiscalía, los civiles coordinaban con los gendarmes en los puestos de control fronterizo para facilitar el paso ilegal de camiones cargados con granos hacia Bolivia. A medida que avanzaban las investigaciones, la fiscalía pudo establecer los vínculos entre los gendarmes imputados y los civiles en la trama de pago de sobornos a cambio de permitir el paso sin restricciones de vehículos cargados con productos agrícolas.

Este caso recuerda una condena emitida en septiembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, en la que el excomandante principal y jefe del Escuadrón 54 Aguaray, Marciano Alberto Páez, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por cohecho pasivo y contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y su condición de miembro de una fuerza de seguridad.

El pedido de prisión preventiva para los acusados fue fundamentado en la gravedad del hecho, considerando la condición de funcionarios públicos de los imputados, el perjuicio al Estado, y los riesgos de fuga y de entorpecimiento procesal que podrían implicar. La investigación continúa avanzando para esclarecer completamente las actividades ilícitas y llevar a los responsables ante la Justicia, sacando a la luz una vez más la complejidad de combatir el contrabando y la corrupción en las fuerzas de seguridad de Argentina.