Legislativo recorta alcance de mano ejecutiva en el Poder Judicial

Bomba La propuesta de reforma judicial del obradorismo recorta el poder del presidente para colocar a sus títeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN. Aunque la próxima mandataria tendrá el derecho de renovar cuatro asientos en sus primeros tres años de gobierno, con lo que la 4T podría lograr el nombramiento de nueve de 11 miembros en el máximo tribunal. Morena y sus aliados están dispuestos a someter a consulta la posibilidad de que esos puestos sean decididos por los ciudadanos a través del voto popular.

El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien es acusado por el presidente de favorecer los intereses del empresario Ricardo Salinas Pliego, finalizará su periodo de quince años el próximo 1 de diciembre. Su asiento será el primero del alto tribunal que quedará vacante y será el primero al que Claudia Sheinbaum propondrá un candidato, el Senado deberá aprobar. Con su mayoría absoluta, el partido de Sheinbaum tendrá facilidades para lograrlo.

Aguilar Morales será el primero de cuatro. En su sexenio, Andrés Manuel López Obrador presentó a cinco magistrados y a Sheinbaum le corresponderá reemplazar a todos los que fueron designados en el periodo de Felipe Calderón. Si se cumple lo dispuesto por la Constitución, los presidentes de la 4T habrán propuesto a nueve de los once integrantes de la SCJN, con nombramientos que concluirán entre 2033 y 2042.

En la mayoría de los países del mundo, los miembros del tribunal de mayor jerarquía son designados por el Poder Ejecutivo o el Legislativo, o por ambos en colaboración. Dada la supermayoría resultante de las elecciones pasadas en México, este proceso sería controlado por Morena y sus aliados; sin embargo, la reforma judicial del denominado Plan C trasladaría esta decisión al electorado, con lo cual la 4T -en el papel- se propone renunciar a su influencia directa.

A cambio, para el primero de septiembre de 2025, obtendría el reemplazo de los once miembros de la SCJN por nueve que serían electos en junio de ese mismo año. La oposición teme que el obradorismo utilizará su apoyo popular para determinar el resultado de la elección de más de mil 600 puestos, entre ministros, magistrados y jueces, y moldear así el Poder Judicial a su antojo.

Mientras que Morena y sus aliados replican que se tratará de un proceso apartidista, en el que deberán primar las cualidades de los aspirantes y su capacidad de explicarse ante el electorado para ganar su apoyo. Prepárense para una renovación casi total de la SCJN