Prisiones en el ojo del huracán: OVP insta al Gobierno a elevar estándares carcelarios

El Observatorio Venezolano de Prisiones OVP instó el sábado al Gobierno a revisar urgentemente sus políticas penitenciarias, después de que los reclusos de varias cárceles iniciaran una huelga de hambre como protesta por los retrasos en los procesos judiciales. La huelga fue finalmente suspendida tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Servicio Penitenciario.

En un comunicado, el OVP pidió mejorar las condiciones de vida de los presos, incluyendo el acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y saneamiento, lo que salvaguarda la vida e integridad de la población reclusa.

Asimismo, el OVP solicitó la creación de políticas y mecanismos necesarios para garantizar las garantías y protecciones judiciales, un problema multifactorial y particularmente preocupante en la actualidad.

El OVP también abogó por la formación y capacitación del personal de seguridad y custodia con un enfoque basado en derechos humanos, y recomendó combatir la corrupción y diseñar un plan estratégico de educación para toda la población carcelaria.

Además, el OVP instó a garantizar un enfoque diferenciado para proteger a grupos vulnerables dentro de las prisiones, como la comunidad LGBTI, personas con discapacidad, indígenas, jóvenes, adultos mayores y mujeres.

Aunque se produjeron protestas en al menos 51 centros en 17 de los 23 estados del país, los presos decidieron progresivamente levantar la huelga después de que el Ministerio Penitenciario comenzara a atender sus reclamos y concediera medidas de libertad.

Según el OVP, equipos del Ministerio de Servicio Penitenciario se han acercado a diversos centros penitenciarios para iniciar procedimientos en tribunales y conceder medidas de libertad, aunque no está claro si se trata de libertades plenas o con cautelares.

El Ministerio también ha comenzado a instalar mesas técnicas en algunos recintos carcelarios para revisar los casos de los detenidos, y ha difundido fotografías en redes sociales que muestran al ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, conversando con reclusos en los estados Lara y Carabobo.

El Gobierno ha descrito estas acciones como el comienzo de un despliegue para atender las denuncias de los privados de libertad y sus familiares, algunos de los cuales han protestado frente a tribunales para exigir respuestas a los reclamos de los reos.

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