Oficiales implicados en supuestos abusos del 1-O en Barcelona solicitan clemencia general.

BARCELONAMADRID, 12 Jun. EUROPA PRESS - Nueve policías nacionales, a la espera de juicio por cargas durante el controvertido referéndum del 1-O en Barcelona, solicitan la aplicación de la Ley de Amnistía recientemente aprobada, con el fin de que se archive el caso en su contra. Los agentes argumentan que no estuvieron involucrados en actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes, delitos excluidos de la ley.r
Los nueve policías están entre los 45 procesados en el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, acusados de cargas en la ciudad. Sus abogados defienden que sus casos encajan en los supuestos de la Ley de Amnistía, y señalan que la exclusión de los delitos de tortura se refiere a hechos mucho más graves que las lesiones que se imputan a estos policías.r
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados Javier Aranda Guardia y Sandra Melgar Rodríguez solicitan, amparándose en el artículo 9 de la Ley Orgánica 124 de Amnistía, la extinción de responsabilidad criminal para los agentes que intervinieron en el dispositivo del 1-O en el IES Pau Claris, CEIP Ágora y las escuelas Dolors Monserdà, Prosperitat, Infant Jesús y Mediterránea.r
Los abogados defienden que los agentes no participaron en actos de tortura ni de tratos inhumanos o degradantes, y añaden que, incluso si hubiera una acusación futura en este sentido, sería inválida debido a que la ley incluye conductas como las investigadas en el proceso entre los actos amnistiados, lo que imposibilitaría su tipificación mediante una acusación ulterior.r
El procedimiento contra los agentes se encuentra en fase de instrucción, y la Ley de Amnistía prevé el sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes. Los abogados recuerdan además que el preámbulo de la ley indica que no pretende la criminalización de un colectivo de funcionarios que intervinieron en defensa del ordenamiento y con la proporcionalidad y mesura necesarias, a pesar de contar con escasos medios para evitar la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación.r
La defensa subraya que los agentes están procesados por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de dudosa ilicitud, y pide que se tenga en cuenta que las responsabilidades civiles de las conductas despenalizadas podrían ser reclamadas por los lesionados en procesos de responsabilidad patrimonial contra la Administración Pública.