México ha vivido el periodo electoral más violento de su historia reciente, desgarrado por ataques armados, secuestros y amenazas contra funcionarios y candidatos a cargos públicos. La ola de violencia ha azotado al país de norte a sur, con un trágico récord de 63 actores políticos asesinados entre junio de 2023 y junio de este año.
El panorama es desolador: 37 de los casos eran aspirantes o candidatos a cargos públicos, y el 92% de los asesinatos ocurrió a nivel municipal. La delincuencia organizada ha encontrado en este nivel de gobierno un terreno fértil para ejercer su influencia maligna.
El poder delictivo y el poder político están entrelazados en una peligrosa danza de intereses y corrupción. El Dr. Luis Astorga, sociólogo y experto en la materia, explica que no se conoce en el mundo ninguna sociedad donde haya un poder delictivo sin ningún tipo de relación con el poder político o con instituciones policiales o militares.
La situación se ha agravado con la alternancia política en el país, que ha dado lugar al surgimiento de múltiples partidos políticos que buscan gobernar en todos los niveles de gobierno, incluyendo los municipales, donde también tienen intereses las organizaciones criminales.
El Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG es uno de los grupos delictivos más poderosos y transnacionales de México. Su estrategia de expansión se basa en la expulsión de grupos criminales locales que se niegan a colaborar con ellos, lo que ha generado narco guerras internas por el control de determinadas plazas.
Los municipios y sus gobiernos son piezas clave en la estrategia delictiva. Cada municipio cuenta con un presupuesto en materia de seguridad, elementos de seguridad, patrullas, radios, armas y atribuciones para realizar operativos, detenciones y capturas. Los grupos del narcotráfico se disputan el control de las policías locales y, en consecuencia, el control de las presidencias municipales.
La violencia contra los actores políticos continuará siendo una constante en distintos municipios, ya que las organizaciones delictivas siguen expandiéndose para ampliar su imperio criminal. La cooptación de gobiernos municipales por la delincuencia organizada es una situación frecuente en estados como Michoacán, donde los grupos del narcotráfico ya no solo se disputan el control de rutas para el trasiego de drogas y sus economías ilegales, sino también el respaldo político y judicial de los gobiernos municipales.