Explotación desmedida o falsa acusación en la industria minera de Bitcoin en Venezuela
Los mineros de Bitcoin en Venezuela han sido acusados de robar energía eléctrica por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, luego de desmantelar un centro de datos. Sin embargo, los mineros han presentado contratos y licencias que demuestran que su actividad es legal y que pagan por la energía consumida a Corpoelec y Sunacrip.
La Sunacrip, ente regulador de las criptomonedas en Venezuela, ha autorizado la minería de Bitcoin, y estos centros de datos se conectan al Sistema Eléctrico Nacional SEN, el cual sufre frecuentes interrupciones en el país suramericano.
El gobernador Lacava ha ordenado el cierre de las granjas de minería de Bitcoin, argumentando que se roban la electricidad necesaria para otros usos prioritarios. Sin embargo, los mineros han señalado que pagan por la energía que consumen y que no existe electricidad gratis ni robada en sus operaciones.
La electricidad utilizada por los mineros de Bitcoin en Venezuela se paga al Estado por cantidad de kilovatios declarados, no por los consumidos realmente. Además, los mineros deben pagar una suerte de fee de entrada y una mensualidad por sus operaciones, dependiendo del consumo pautado.
La electricidad barata en Venezuela se debe a que la energía eléctrica se genera de forma renovable, a través de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como El Guri. Esto ha convertido al país en un atractivo para los operadores mineros, que aprovechan los beneficios de la energía renovable para el medio ambiente y sus propios bolsillos.
Los expertos en la materia han señalado que las fallas eléctricas en Venezuela tienen otros orígenes, como la falta de inversión y mantenimiento del SEN, la escasez de combustible y gas, y el deterioro de las turbinas hidráulicas del Guri.
Los mineros de Bitcoin en Venezuela, además de ser legales y pagar por la electricidad que consumen, pueden ayudar a reconstruir el SEN. Un operador dijo recientemente a CriptoNoticias que es posible llegar a acuerdos ganar-ganar con el gobierno, pues pueden aportar recursos para el sistema eléctrico mediante la integración de la minería en los procesos industriales.
En conclusión, la minería de Bitcoin en Venezuela es una industria legal y regulada que paga por la energía eléctrica que consume, y que puede aportar soluciones al déficit energético del país, en lugar de ser el origen de sus problemas.