Alarma: Nueva Ley Sofoca a las ONGs en Venezuela

La situación en Venezuela sigue siendo un tema de preocupación mundial debido a la creciente presión sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el espacio cívico. Los expertos y activistas advierten sobre las graves consecuencias que conlleva una nueva ley que amenaza con restringir el ya frágil espacio cívico en el país.

Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, ha enfatizado a El Nacional la importancia de las ONG en la documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos, así como en la prestación de servicios en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país.

La experta destacó el papel fundamental de las organizaciones en la promoción de valores democráticos y el empoderamiento ciudadano, lo que representa una amenaza para los regímenes autoritarios que pretenden consolidar su poder a expensas de la sociedad civil.

La presidenta de WOLA señaló que la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, aprobada en primera discusión el pasado 23 de enero de 2023, afectaría el trabajo humanitario en Venezuela, que no debe estar sujeto al control del Estado.

Carolina Jiménez alertó que en un contexto de retroceso democrático y consolidación del totalitarismo, el cierre de las ONG y la aprobación de la ley antioenegé tendrían un impacto negativo tanto en la ciudadanía como en la comunidad internacional.

La situación, dijo la defensora de derechos humanos, reduciría significativamente la disponibilidad de información sobre derechos económicos y sociales, calidad de servicios básicos, acceso a la salud y alimentación en Venezuela, que proviene en gran medida de las organizaciones.

Según el periodista, los regímenes autoritarios como el que gobierna en Venezuela ven las reglas democráticas y la separación de poderes como amenazas a su permanencia en el poder.

Murillo también destacó que esos sistemas erosionan la institucionalidad democrática y generan un control absoluto en el que las ONG se convierten en un "estorbo".

Carlos Lusverti, coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, señaló a El Nacional que la ley constituiría un obstáculo importante para el trabajo de las organizaciones, especialmente en un contexto donde el Estado de derecho está constantemente erosionado y la emergencia humanitaria afecta gravemente a la población.

Para estos regímenes, silenciar a las ONG es una estrategia para consolidar su poder y evitar la promoción de valores democráticos y cívicos por parte de la sociedad civil.

Provea, WOLA, Amnistía Internacional y otras organizaciones y personalidades rechazaron, en un comunicado publicado en días recientes, el proyecto de ley antiONG.

Más de 60 normativas las rigen, por lo que considera que la propuesta del chavismo solo crearía obstáculos adicionales para su funcionamiento, al establecerse requisitos discriminatorios y sanciones desproporcionadas que podrían llevar al cierre de muchas ONG, especialmente aquellas de base comunitaria y con recursos limitados.

Jiménez cuestionó asimismo la necesidad de una regulación adicional y más restrictiva. El borrador de ley que circula, agregó la investigadora, contiene disposiciones arbitrarias que podrían limitar la naturaleza y el alcance de las actividades de las ONG.

Alertó que esa legislación podría establecer un sistema de persecución y represión contra el trabajo legítimo de la sociedad civil en Venezuela y que este camino podría llevar al país por el mismo camino de destrucción de Nicaragua, con consecuencias catastróficas para millones de venezolanos que se han visto representados y acompañados por estas organizaciones en la defensa de sus derechos.

Entonces, cuando los artículos son vagos y el contexto es uno de autoritarismo, sabemos que el fin último de esas leyes no es realmente promover financiamiento transparente, es ejercer control y reducir el espacio cívico y de funcionamiento de las ONG que les son incómodas a los gobiernos autoritarios," añadió la defensora de derechos humanos.

Detención de defensores de derechos humanos

Oscar Murillo y Carlos Lusverti expresaron preocupación por la detención de defensores de derechos humanos, como Rocío San Miguel (Control Ciudadano) y Javier Tarazona (Fundaredes), periodistas y otras personas de sectores democráticos.

El coordinador de Provea denunció un patrón evidente por parte del gobierno de reprimir a la sociedad civil y crear un clima de temor y sugirió que las detenciones arbitrarias, los ataques a organizaciones y figuras de derechos humanos, así como la criminalización de la solidaridad, forman parte de una estrategia para debilitar el trabajo de las ONG y los defensores de los derechos humanos en el país.

Por otro lado, el vocero de Amnistía Internacional argumentó que las restricciones incluyen la limitación del derecho de asociación, la libertad de expresión y los derechos políticos.